Declaración del Grupo de Trabajo de Ecología Política de(sde) Abya Yala – CLACSO-, al que adherimos como Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes.
Las recientes imágenes que circulan por el mundo sobre los incendios en la Amazonía, y también en el Pantanal, el Cerrado y el Chaco, así como las nubes de humo sobre la ciudad de São Paulo, no son casualidades climáticas, sino resultado del avance del neoextractivismo y la deforestación voraz intensificada por las políticas criminales del gobierno de Bolsonaro. Este gobierno está malversando la legalidad estatal para impulsar desde allí una política delincuencial contra los más básicos Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza. La gigantesca frontera de fuego que está arrasando la Amazonía constituye uno de los capítulos más aberrantes de sus crímenes políticos y merece el más urgente y activo repudio de toda la comunidad política.
Desde la campaña electoral del año pasado (agosto a octubre), Bolsonaro apoya milicias, terratenientes, madereros, mineros ilegales y todos aquellos que tienen interés en el saqueo de los recursos naturales; con su apoyo, propicia los crímenes ambientales, la violencia contra líderes y lideresas campesina/os, indígenas y ambientalistas, y también la impunidad de esos crímenes.
Las primeras medidas desde que asumió el poder se dirigieron a morigerar o directamente a suprimir las reglamentaciones ambientales y los derechos de los pueblos indígenas (MP 870/2019). Asociado a un discurso explícitamente racista, desde sus lives en Facebook, incentivó a los delincuentes con promesas de legalizar la minería y las plantaciones de soya dentro de los territorios indígenas. En el gobierno Bolsonaro sus ministros sistemáticamente persiguen a los funcionarios y agentes de fiscalización al mismo tiempo que cortan los fondos para las operaciones que cumplen la ley, por ejemplo quitando apoyo a la policía federal al órgano de protección ambiental (Ibama).
Las imágenes de los fuegos en la Amazonía brasileña que hoy estremecen (o deberían estremecer) a todo el mundo, son el resultado de esas políticas. El Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE, que Bolsonaro ha atacado con acusaciones de fakenews, censura e intervenciones políticas) registra más de 73 mil incendios en lo que va del año; lo que significa un aumento de 83 % respecto a los incendios del año pasado. Lo que aviva esos fuegos, son acciones criminales que van de la mano de la voracidad extractivista, sea del agronegocio, de la minería a gran escala, el expolio forestal, el acaparamiento especulativo de las tierras. Y detrás de cada incendio, avanzan también la destrucción de los ríos y de la biodiversidad, la contaminación de las aguas, el aire y los suelos; los asesinatos, las torturas y persecuciones a poblaciones indígenas y comunidades tradicionales (ribereños, campesinos, quilombolas), y la mortandad masiva de animales. Detrás de cada incendio, se aviva también la amenaza de exterminio de esos pueblos/culturas, así como también de otras especies.
Los incendios que acá denunciamos y repudiamos no están sólo aconteciendo en Brasil; también hay focos originados en Bolivia y Paraguay, por los mismos móviles y los mismos actores, por lo que la desidia y la responsabilidad política de estos crímenes compete también a los gobiernos de dichos países, y en general, a todos los gobiernos que, independientemente de sus orientaciones ideológicas, han venido propiciando la voracidad extractivista en curso.
Por cierto, el plan sistemático de destrucción de la Amazonía no empezó con Bolsonaro ni se restringe a su gobierno, pero desde su llegada al poder, se ha verificado un giro perverso de aceleración, intensificación e impunidad. Esta avanzada desquiciada del neoextractivismo, la deforestación salvaje y las quemas incontroladas en un contexto de seca, muestran la clave del capitalismo actual y su tendencia al ecocidio. La destrucción y las afectaciones provocadas por estas políticas alcanzan no sólo a toda la cuenca Amazónica, sino también a importantes eco-regiones de Sudamérica, como las de Pantanal, el Cerrado y el Chaco. La intensificación de un patrón de acumulación basado en la depredación sistemática de los bienes naturales de estos territorios, nos colocan en una situación de gravedad extrema, no apenas a la Amazonía y sus poblaciones históricas, no apenas a Sudamérica, sino al conjunto de las poblaciones humanas que viven en y de nuestro Planeta Tierra.
La quema de la Amazonía es un capítulo más, pero no el menor, sino uno de los más graves, del proceso de devastación que la “economía moderna” está llevando a cabo frente a nuestros ojos. En nombre del “desarrollo” y la “civilización” estamos asistiendo a uno de los actos más extremos de la barbarie humana. Sentimos y decimos -por nosotros mismos, no por “el ambiente”- que no podemos permanecer impasibles ante este macabro espectáculo de muerte a gran escala. Desde nuestro humilde lugar, hacemos un llamado a un urgente repudio activo contra este gobierno y contra sus políticas criminales sobre la Amazonía. Hacemos un llamado de solidaridad para multiplicar y coordinar las acciones de defensa de la Amazonía y de sus pueblos, guardianes de la selva y de las aguas, a fin de detener y condenar los crímenes de lesa Naturaleza y de lesa Humanidad que está perpetrando el actual gobierno de Bolsonaro.
