Desde el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes del Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe (IEALC/ UBA) acompañamos a lxs compañerxs de la Asamblea el Algarrobo y a la comunidad de Andalgalá en su resistencia contra el proyecto MARA de la multinacional canadiense Yamana Gold y la Minera Alumbrera
Lxs asambleístas denuncian que luego de que el municipio de Andalgalá volviese a fase uno en el marco de la emergencia por COVID, donde se restringió la movilidad ciudadana a la vez que se aumentó la presencia de las fuerzas policiales y armadas en las calles de la ciudad, la minera subió máquinas perforadoras al cerro Aconquija por un camino alternativo, custodiados por gendarmería nacional. Estas medidas dan cuenta de la materialización de los discursos securitarios asociados al refuerzo del control social en las disputas y conflictividad socioambiental. El accionar represivo se replica en otras provincias donde no existe licencia social para la actividad minera, como ocurrió en Mendoza y Chubut. Es también el escenario actual de Jujuy, donde están restringiendo la posibilidad de reclamo y movilización social, imposibilitando la reunión de las comunidades afectadas. La dificultad de realizar sus asambleas y reuniones periódicas, se contrapone con la continua y creciente expansión de la faena extractiva que desde el inicio de la pandemia ha sido considerada actividad esencial.
En Catamarca, el yacimiento minero Agua Rica está a 17 km de la ciudad de Andalgalá, en la cuenca alta del río del que dicha ciudad se abastece, comprometiendo seriamente la provisión de agua a la población en un ecosistema donde el agua es escasa. Uno de los 11 pozos autorizados para perforación está ubicado a 700 m de un glaciar inventariado por lo que se viola, entre otras leyes, la Ley Nacional de glaciares.
Unos días después, durante la caminata 583 por el agua y la vida, masiva movilización popular contra la megaminería, ocurrieron incidentes contra las oficinas de la empresa minera por los que fueron detenidos 12 vecinxs, en su mayoría vinculadxs con la lucha en defensa del agua, en procedimientos policiales arbitrarios y sumamente violentos. Dos semanas después, estas personas han sido liberadas, pero se continúa la persecución mediante procesamientos judiciales sin tener pruebas que les vincule con los delitos de los que se les acusa. Lxs asambleístas reconocen este hecho como una persecución por parte del gobierno provincial de Catamarca hacia quienes se oponen a la megaminería en defensa del agua y los bienes comunes.
Desde el Grupo de Geopolíticas y Bienes Comunes nos sumamos al pedido de la asamblea El Algarrobo y de la comunidad de Andalgalá por la desjudicialización de lxs vecinxs procesadxs, así como el cese inmediato de las perforaciones ilegales en el Cerro Aconquija. Repudiamos la criminalización de lxs defensorxs del agua y acompañamos el pedido de que ahora liberen el cerro. La determinación de la comunidad de continuar con su lucha en defensa de sus territorios y bienes comunes muestran que en Catamarca no hay licencia social para el extractivismo. Los gobiernos no deben accionar en contra de la determinación y voluntad de los pueblos. Seguimos denunciando desde este espacio que NO hay licencia social para la megaminería, como para los proyectos minero-energéticos que atentan contra la continuidad de la vida en estos territorios, como sucede hoy día con la ampliación del proyecto Tres Quebradas, y otros proyectos extractivos del litio desde hace años.
