Las políticas productivas y distributivas de nuestro país se encuentran condicionadas al cumplimiento del programa impuesto por el FMI y absolutamente subordinadas al lineamiento que desde allí se impone. No existe capacidad ni voluntad por parte del poder político de cuestionar los compromisos, sino todo lo contrario. Cada reunión con el organismo multilateral vaticina un futuro ajuste fiscal y reafirma la resignación estatal a cualquier tipo de salida soberana ante la crisis de deuda. Estas decisiones, a su vez, subrayan la vigencia del marco regulatorio minero de la época del menemato, expresado en la tríada conformada por el Código Minero (escrito en 1887 y modificado durante la década de 1990), el Artículo 124° (incorporado en la Constitución Nacional en 1994) y la Ley N° 24.196 de inversiones mineras. En un país en donde, en pleno 2022, el proyecto de una ley de etiquetado frontal fue fuertemente disputada por el lobby de la industria alimenticia y donde el tratamiento de un proyecto de ley de humedales está siendo postergado desde hace aproximadamente una década, parece imposible siquiera imaginar una discusión respecto de la modificación de esta tríada que garantiza el saqueo y la dependencia.
Los gobiernos viven de un continuo anuncismo de que el progreso ya va a llegar, a la vez que profundizan la matriz exportadora de bienes primarios, sin diversificar, apostando a lo ya conocido: la sojización, los hidrocarburos (convencionales, no convencionales y off shore) y el litio. Estos extractivismos se caracterizan por ser actividades capital-intensivas (y no trabajo-intensivas), muy concentradas en manos de élites nacionales o estructurantes de la extranjerización de la tierra. Pero, sobre todo, son parte de un modelo de desarrollo que requiere imperativamente de territorios en sacrificio para sostenerse y existir.[1]
A los tiempos de pospandemia, se le suma la guerra en Ucrania que marca una inflexión en la tensión interimperial y que hace más visible aún la dependencia que tienen los países de Europa de los hidrocarburos de Rusia. A la vez, la crisis socioecológica global ya no solo gira en torno a las alarmas respecto de la frecuencia, magnitud e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos, la aniquilación de las barreras de arrecifes de coral o la inevitable sexta extinción masiva de especies. Hoy, la discusión (y acción) sobre el ambiente implica posicionarse en contra de los fascismos y solidarizarse en relación a las personas que son migrantes por el clima, o reconocer que la vulnerabilidad de las personas al cambio climático difiere entre y dentro de las regiones debido a patrones históricos y actuales de inequidad como el colonialismo (Pörtner et al., 2022). Estos factores, combinados con otros, traccionan un escenario donde toma especial protagonismo la transición energética global.
En este marco de necesario cambio de rumbo, uno de los actores globales que debe reconvertirse es la industria automotriz y autopartista para transmutar hacia la movilidad eléctrica. Los vehículos que no dependan de los combustibles fósiles, dependerán ahora de otros insumos, entre los que se encuentra el litio.
Geopolítica del litio
El litio tiene propiedades únicas que lo vuelven de relevancia en la fabricación de las baterías de dispositivos móviles tales como celulares y computadoras, pero, sobre todo, de los vehículos eléctricos. Es parte de los acumuladores de la energía que viene de fuentes renovables, tales como el viento o el sol. Por esto es que su nombre aparece cada vez que se habla de transición energética. Pero, esto hay que remarcarlo, no es el único componente necesario para recorrer la tan mentada transición.
La disputa geopolítica por el liderazgo y el control de los principales eslabones de la cadena global de valor involucra, aguas abajo, a la producción de las baterías de Ion litio, sector clave en el que China es el principal jugador. Pero también, aguas arriba, se le suma la extracción de cobre, cobalto, níquel, grafito y otros minerales como las tierras raras. Suramérica (con foco en el denominado triángulo del litio, pero no únicamente) se posiciona como la principal cantera para abastecer una demanda cuya acelerada expansión disparó el precio de estos commodities, recrudeció la competencia corporativa y la guerra comercial de las principales potencias por el control de los recursos.
El triángulo, o sobre cómo pensar en un territorio vacío
Desde hace años, las cuencas cerradas del altiplano boliviano, la puna argentina y la región atacameña en Chile, fueron reconocidas como los tres puntos dentro de los que se concentra el 68% de reservas de litio en salmueras. Esta particular distribución andina fue lo que facilitó la denominación de triángulo del litio, para interpretar la zona de interés por parte de los actores hegemónicos en busca del mineral para la transición. Suponer que el mapa es el territorio[2] es vaciar el espacio geográfico de las interrelaciones entre los sistemas de objetos y sistemas de acciones que lo componen, invisibilizando toda forma de existencia que allí habite. Esto responde a la simplificación más burda y absoluta en donde las comunidades, la cultura, la historia de los territorios, los derechos humanos, la participación y el consenso, no resultan ser parte de ninguna de las propuestas de los proyectos extractivos.
Así, Bolivia, Chile y Argentina se vuelven fichas de ajedrez en donde ni siquiera se intentan maquillar las maniobras de las potencias mundiales, tal como demostró la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson. En una aparición pública, señaló la importancia estratégica del triángulo del litio y afirmó que los chinos y los rusos están en América Latina para “socavar a Estados Unidos y a las democracias locales”. Un botón de muestra que permite argumentar, sin recaer en exageraciones extemporáneas, que la región, y en ella, Argentina, es francamente un terreno donde se dirime una reversión de la guerra fría.
Argentina, obedeciendo al capital
Mientras en Bolivia el litio fue declarado recurso estratégico y el Estado controla la totalidad de los salares y en Chile las empresas privadas le tributan el 40% del precio de venta, Argentina representa una posición entreguista extrema. Aquí el Estado ocupa un rol en el que coopera – con una convicción y entusiasmo alarmantes – en garantizar a las corporaciones la apropiación de los sistemas socioecológicos de la puna, incluyendo salmueras, litio, oro, agua dulce, comunidades, especies animales y vegetales, todo lo que la habita. Es además el país con menor control y apropiación pública de la renta minera asociada a la explotación del litio.
En Bolivia, Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) proyecta ingresos de 70 millones U$D para el Estado en 2022 por 18.700 toneladas de cloruro de potasio y 400 toneladas de carbonato de litio (ABI, 2022). En Chile, solo la empresa SQM pagó al Estado chileno 2.198 millones de dólares en la primera mitad de 2022 (SQM, 2022). En la Argentina, el acceso a información sobre la tributación de las empresas se encuentra muy limitado. No obstante, según una estimación realizada por CEPAL, para el 2020 el Estado recaudó apenas 12,1 millones de dólares por la exportación de litio. A pesar de y debido a la normativa permisiva e hiper-ventajosa para el capital minero transnacional ya mencionada, la Dirección General de Aduanas denunció por subfacturación a la empresa norteamericana Livent, que extrae litio del Salar de Hombre Muerto en Catamarca desde 1997. Livent burló los laxos controles públicos para disminuir aún más los tributos al Estado provincial en calidad de regalías. Solo entre 2018 y 2019 registró más de 400 ventas con precios de hasta un 121% por debajo de las demás compañías exportadoras de litio del mundo. Y hace 25 años que está operando en el país.
“¡Pero da trabajo!”
Otro capítulo en el país se vincula con la capacidad de la minería en general, y del litio en particular, para generar nuevos empleos de calidad, una bandera del discurso de los fundamentalistas del progreso que impulsan los extractivismos. Según los datos publicados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo nacional, en enero de 2022 el empleo privado registrado en el sector de minas y canteras (que incluye tanto minería como hidrocarburos) representó tan solo el 1,3% del empleo registrado privado nacional. Lejos de generar oportunidades de puestos de trabajo con ingresos y condiciones laborales dignas, lo que se observa en Catamarca – tomándola como caso, en función de las más de dos décadas de minería a gran escala – es que el sector con mayor peso en el empleo, es la economía popular. Según datos provenientes de RENATEP[3], en febrero de 2022 ya se habían inscrito voluntariamente 38.385 habitantes de esta provincia como trabajadoras/es de la economía popular. Para ese mismo mes, según la información publicada por OEDE-MTEySS[4], los trabajadores/as del sector privado registrado, cotizantes del sistema de seguridad social en Catamarca, fueron 30.400. En lo que respecta al empleo en la minería de litio, se observa una tendencia levemente ascendente a lo largo de los últimos 15 años. No obstante, muy limitada: se habla de alrededor de 350 trabajadores/as en toda la provincia en 2022, y de menos de 2.000 a nivel nacional. El efecto derrame de la minería no estaría sucediendo: el aglomerado urbano de Gran Catamarca ocupa la cuarta posición en niveles de pobreza e indigencia de la Argentina y es el primero de toda la región del Noroeste argentino.[5]
La segunda cuestión que interesa discutir es la calidad de los empleos creados por la minería. En el sector, los convenios colectivos de trabajo son a nivel empresa, más precisamente a nivel proyecto, con una particularidad: los convenios mineros establecen explícitamente una lista larguísima de exclusiones de personal que no se desempeñaría en “tareas específicas”, pero que sin duda tienen como lugar de trabajo las plantas, yacimientos y campamentos mineros. Un claro indicio de una compleja trama de tercerización y subcontratación (engañosamente presentada como empleo indirecto) que permite a las mineras bajar costos laborales y eludir sus responsabilidades como empleadoras. Del lado de los laburantes, esto se traduce en lugares de trabajo donde reina la segregación y la desigualdad. En los últimos años, en Catamarca la conflictividad laboral minera es protagonizada principalmente por trabajadores de la minería representados por el sindicato de la construcción, UOCRA[6]. De manera que los altos salarios y las condiciones generales de trabajo fijadas por los convenios entre las empresas mineras y el sindicato del sector, AOMA[7], no son de ninguna manera generalizables al conjunto de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en las minas, o que dependen de esta.
El caso de lítifera Livent, nuevamente, ilustra estas afirmaciones. Se infiere que hay alrededor de 300 trabajadores/as alcanzados por el convenio colectivo firmado entre AOMA y la empresa, que gozan de todos los beneficios y entre los cuales se destacan altos salarios, un comité mixto de seguridad e higiene, entre otros. Mientras que un número indeterminado, pero para nada menor, de trabajadores/as que se desempeñan en el proyecto en tareas de transporte, mantenimiento, construcción, limpieza, seguridad y comedores, queda excluido de estos beneficios, con salarios y condiciones laborales muy por debajo de los estándares que adquieren los trabajadores reconocidos por la empresa -en una actividad que se desarrolla en condiciones extremas que implican altísimos riesgos para salud y la seguridad de su personal-.
El sacrificio de los humedales altoandinos
Por último, si los controles fiscales y el sistema normativo sobre rentas en torno a la industria litífera son la expresión más pura del dejar hacer, entonces la cuestión ambiental y las transformaciones socioterritoriales a partir de las técnicas extractivas, reafirman la subsunción real de lo estatal ante los intereses corporativos y la incapacidad de ejercer un mínimo de soberanía sobre el destino del litio.
El método evaporítico, que es el utilizado en las explotaciones a escala industrial, implica que se bombeen las salmueras del interior de los salares de manera permanente, hacia piletas de superficies que van de las 4 a las 60 hectáreas, muy poco profundas y que la sumatoria de esas, en el caso de Chile, supera las 4.400 hectáreas (unas 6.000 canchas de fútbol). Esto conlleva a que las salmueras se agoten en algún momento ya que tienen un comportamiento de recurso no renovable. Si bien en la hidrodinámica de las cuencas cerradas, hay algunos salares que son alimentados por una combinación de nieve derretida proveniente desde las montañas cercanas, ríos de bajo caudal y por fluidos hidrotermales subterráneos, el equilibrio hídrico que caracteriza a estos humedales altoandinos, se ve quebrado ya que se calcula que, por cada tonelada de litio, se evaporan aproximadamente 2 millones de litros de salmuera.
Al igual que en otras explotaciones de la megaminería, se requiere de manera imprescindible del consumo de agua dulce. Esta necesidad se expresa en estudios de escala internacional, que responden a procedimientos preestablecidos para la divulgación de información técnica. Estos responden a una caracterización detallada de los recursos minerales inferidos, indicados y medidos y tienen como objetivo evitar fraudes como el protagonizado en 1997 por la firma Bre-X[8]. Son sumamente rigurosos y están estandarizados en un instrumento denominado NI 43-101. Esta herramienta corporativa vincula a la empresa minera con profesionales calificados responsables del informe, en el que se pueden reconocer, entre otros datos, cuáles prácticas tienen un potencial de daño para los humedales. No obstante, las empresas no se ven obligadas a presentarlo ante los organismos estatales de control, quienes tampoco exigen que sea realizado en español para su acceso público.
En alguno de estos informes revisados, hay afirmaciones advirtiendo sobre impactos reconocidos, entre los que se indica la ocurrencia de la “afectación en el sistema acuífero en general así como el uso intensivo de agua dulce de los reservorios, estimando que puede llegar a ser la totalidad de la recarga natural de las cuencas cercanas del sitio del proyecto” (Burga et al., 2018, p. 231). A la vez se expresan valores del requerimiento de agua dulce para la obtención anual de 25.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, estimada en aproximadamente 80 litros por segundo. Es decir, más de 2.400 millones de litros al año. Claramente, el caudal de agua requerido se incrementa a medida que lo hace el ritmo de extracción de salmueras. En una reciente nota, el presidente de Y-TEC[9], Roberto Salvarezza, afirmó que para el 2025 Argentina podría exportar 200.000 toneladas de carbonato de litio. ¿Cuánta agua dulce se irá con esa exportación? ¿Cuánta salmuera? ¿Cómo se combinan los efectos de este saqueo del litio con otros proyectos mineros que se ubican, en algunos casos, entre los salares?[10] Y esto sin ahondar sobre la generación de residuos llamados “sales de descarte” en donde se estima la generación de 72 millones de metros cúbicos para los primeros 15 años de operación de solo uno de los proyectos en la provincia de Jujuy. Por otra parte, a nivel local se exige la realización de estudios ambientales previos, los que son ejecutados por consultoras contratadas por las mismas mineras. En el estudio de la dimensión social del proyecto, su diagnóstico y posibles impactos, están plagados de apreciaciones subalternizadoras y racializadoras de las características de la población local, que reeditan los imaginarios de territorios vacíos o vaciables en aras del progreso. Se fuerzan así conclusiones sesgadas que buscan asegurar que la implementación de proyectos tiene impactos positivos mucho más significativos que negativos, en un análisis de costo beneficio donde reina un simplismo que no contempla ni por cerca el incumplimiento de la consulta libre, previa e informada, la falta de participación y cooptación de la población, el avasallamiento de los derechos humanos de las comunidades que habitan los territorios, sus modos de vida ancestrales ni sus sitios sagrados.
El avance del extractivismo del litio, protagonizado por corporaciones transnacionales, en franca cooperación con los estados nacional y provinciales, garantiza una serie de privilegios que van desde lo fiscal hasta el inexistente control ambiental. Se construye en torno a éste, un discurso legitimador del mineral estrella ya que ahora no solo “da trabajo” y “trae progreso” sino que también va a salvarnos del cambio climático. Un extractivismo pintado de verde que por más esfuerzo que haga no puede quitarse de encima una realidad profundamente estudiada: existe una comprobada adicción de los extractivismos del litio por el consumo titánico del agua de los humedales altoandinos que constituyen las cuencas cerradas de la puna y, además, la afectación atraviesa la vida misma de los territorios y sistemas socioecológicos. El ecocidio y la transición energética corporativa son dos caras de la misma moneda, donde el norte global se asegura los insumos para alcanzar una sociedad postfósil mientras que los proyectos en el sur global son garantía del saqueo y perpetuación de múltiples violencias. La propuesta extractiva-destructiva busca ser impuesta, y la transición energética pareciera alejarse cada vez más de las fuentes del litio, dejando solo una huella irreversible de consumos de los territorios, engullidos en nombre de la acción climática. Nos queda, sin embargo, la posibilidad de seguir tejiendo una red que nos encuentre entre comunidades, científicxs, asambleas y activismos multiactorales. Solo desde allí, posicionados desde estos múltiples sures, será posible forjar nuevas preguntas para viejos problemas. Solo desde la reflexividad social que emerje de las resistencias territoriales y populares encontraremos alternativas genuinas para no vernos obligados a tener que elegir ante las opciones que el capital ofrece, que son aceptar proyectos de muerte por las buenas o aceptarlos por las malas. Tal vez sea el litio entonces, la excusa necesaria a partir de la que nos encontremos para buscar transiciones socioecológicas justas, e insistir en que no hay solución que pueda justificar la profundización de los extractivismos de expoliación y muerte.
[1] Francisca Fernández Droguett afirma que “al hablar de territorio se visibilizan dinámicas socio-culturales, económicas y políticas de conformación de identidades y memorias de esos lugares, y hablar de su condición de ‘en sacrificio’ es entender que mientras se mantenga una matriz productiva, energética y de consumo extractivista, cualquier espacio puede ser sacrificado bajo los intereses de perpetuación de ganancias de las grandes empresas” (Fernández Droguett, 2021, p. 16).
[2] En clara alusión a la famosa frase atribuida a Alfred Korzybski, científico y filósofo polaco-estadounidense, en la década de 1930.
[3] Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular
[4] Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
[5] Según informe del primer semestre de 2022 publicado en septiembre por el INDEC, con datos de la encuesta permanente de hogares. Revisado en https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_09_2223ECC71AE4.pdf
[6] Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
[7] Asociación Obrera Minera Argentina
[8] Bre-X Minerals Ltd. Fue una compañía canadiense que protagonizó un escándalo minero al haber informado un supuesto descubrimiento de una mina de oro en la isla de Borneo, en Indonesia. Para el año 1996 su valor en la bolsa de valores alcanzaba los 6000 millones de dólares canadienses. La empresa colapsó en 1997 cuando se comprobó que las muestras de oro obtenidas de la mina, habían sido falsificadas.
[9] Revisada en: https://www.telam.com.ar/notas/202209/606105-argentina-litio-exportacion-200000-toneladas-2025.html#:~:text=Argentina%20podr%C3%ADa%20exportar%20unas%20200.000%20toneladas%20de%20litio%20en%202025
[10] El proyecto de explotación de oro y plata Diablillos, se ubica entre el salar homónimo y el Salar del Hombre Muerto.
Fuente: Contrahegemonía Web
