Expresión del Grupo de Estudio Geopolítica y Bienes Comunes (GyBC), para el Conversatorio de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos

21 de marzo de 2023

El avance a nivel global del capitalismo verde y la transición energética corporativa presiona sobre los países en donde se encuentran las reservas de litio (tanto en roca como en salares), socava la soberanía de los pueblos sobre los bienes comunes, particularmente en los territorios directamente afectados.
En la región, nuestro país es el que ofrece las mayores ventajas para las empresas transnacionales, que incluyen amplias facilidades impositivas y un control y una regulación ambientales inexistentes. Pero, sobre todo, las facilidades responden a un marco en el que las garantías democráticas más básicas y los derechos humanos son avasalladas a partir de la articulación entre poderosos actores, que operan de forma sistemática con las autoridades locales y provinciales para reprimir y dividir a las comunidades afectadas, desactivar la conflictividad laboral, social y ambiental relacionada con los proyectos y, finalmente, quebrar cualquier tipo de posicionamiento que cuestione éste modelo extractivista.
Así, las poblaciones afectadas que resisten la presencia de las empresas mineras en sus territorios y reafirman que éstas no cuentan con licencia social, son avasalladas por una ofensiva articulada muy fuerte por parte de empresas transnacionales, consultoras ambientales, asesores académicos, empresarios, ONG’s, gobiernos provinciales, gobierno nacional y medios de comunicación.
Estos actores, consolidados como grupo de presión organizado que promueve la minería del litio intentan acallar las voces disidentes en base a la estigmatización de los pueblos originarios, la criminalizan la protesta social y multiplican discursos de odio.
La situación que se está viviendo desde el 10 de marzo de este año en las comunidades del ejido municipal de El Moreno, en Jujuy, representa un claro ejemplo del accionar de este lobby. Sin respetar los principios del Acuerdo de Escazú o los lineamientos para una consulta libre, previa e informada (según establece el Convenio 169 de la OIT), se avanzó en la aprobación de un proyecto de exploración de litio a cargo de JEMSE y Lithos S.A., en una superficie de 11.000 hectáreas. Esto forma parte de un compendio de actitudes intervencionistas y desconocedoras de la soberanía y la cultura de los territorios por parte del gobernador Morales y de un grupo empresarial que, a través de un discurso teñido de verde y en nombre de una supuesta transición energética, buscan justificar su actividad sin respetar el derecho de los pueblos.
Mañana 22 de marzo, se recuerda el día mundial del agua. Resulta necesario remarcar la condición de los salares como humedales altoandinos y del derecho humano al agua, que es parte de la vida de los pueblos que allí habitan ancestralmente.
El 23 de marzo se cumplen 20 años del plebiscito de Esquel, Chubut, donde el pueblo le dijo no a la megaminería. Resulta necesario hacer un repaso por la historia reciente de la provincia patagónica para evidenciar cómo los distintos gobiernos llevaron a cabo prácticas de espionaje, persecución e incluso, represión a través de grupos paraestatales, a quienes se posicionaban en contra de los proyectos extractivos.
Estamos a pocos días del 24 de marzo, en el año en que se cumplen 40 de la vuelta a la democracia en Argentina. Resulta necesario evidenciar, cada día más, la responsabilidad empresarial en el avasallamiento de derechos humanos en aquel contexto, para reconocer también hoy las formas en que el poder sigue ejerciéndose sobre los cuerpos, los territorios y sobre un sistema democrático que suele flaquear ante la primera promesa de divisas y “desarrollo” que aparece. Y es aquí donde nos paramos en que lo ambiental no es un problema técnico, sino profundamente político: No existirá jamás algo que se le parezca al desarrollo, si no existe respeto por los derechos humanos, la memoria, verdad y justicia.

GyBC