La movilización viene a subrayar la vacuidad de una asamblea constituyente que realiza como un trámite express lo que debería ser el acuerdo fundante de lo político: proteger los recursos naturales y propiciar el desarrollo del país.
Bruno Fornillo y Melisa Argento
Hay movilizaciones colectivas que son reveladoras en sí mismas y puede que lo que sucede en Jujuy lo sea. ¿Que tiene de original este acontecimiento? Ante las avanzadas de las corporaciones sobre el litio, las 33 comunidades que rodean Salinas Grandes resistieron fuerte en el año 2012 para evitar la expropiación de sus territorios y la usurpación de su fuente de trabajo, la cosecha de sal. Elaboraron luego un protocolo de consulta previa, libre e informada para todo proyecto que quiera hacerse en esos territorios y, como nunca fue tenido en cuenta, cuando en el año 2019 las empresas retornaron sobre el Salar se opusieron a toda injerencia, asegurando que ya no querían ningún tipo de extracción de litio.
Hoy, nuevamente, todas las reservas de litio están siendo asediadas. La novedad es que no solo están en pie las 33 comunidades sino que el Malón de la Paz reúne al conjunto de los territorios alarmados por los desalojos y a la espera que se rubriquen los títulos territoriales históricamente negados, convocando al conjunto de las 400 comunidades que habitan el altiplano “nacional”. Existe el intento de traducir la presencia territorial en poder.
La segunda novedad es que esa movilización responde a una conjunción con una resistencia obrera, ciudadana y popular -la inter-sindical de docentes y trabajadores-, dándole un perfil en el que lo clasista e indígena, lo urbano y rural, lo moderno y ancestral, se mezclan y potencian.
Un territorio colonizado
La situación que se da con el litio evidencia que Argentina es un territorio colonizado. Chile, por el contrario, tiene una política para con el litio, al menos, pensable. Allí el Estado va a tener, todo indica, una participación del 51por ciento de todas las explotaciones de litio, porque no es solo una cuestión de captación de renta sino también de saber y control. Con las ganancias se alimentará un fondo destinado a un nuevo desarrollo, no para reproducir el gasto corriente o el pago de deuda.
Un 30 por ciento de los salares va a ser protegido y de resguardo ecológico, están fomentando la aplicación de una técnica -de extracción selectiva- que promete consumir menos agua, hay dinero sustancial destinado a crear y sostener un Instituto del Litio como así también para las comunidades atacameñas, que van a participar de un nuevo marco de gestión. Esto es un país y un proyecto, sobre el cual se puede empezar a discutir, lo de Argentina es deliberadamente otra cosa.
En todos los países con reservas en Latinoamérica el litio está caratulado de estratégico, aunque con diferentes profundidades de aplicación. Argentina es el único país donde una multiplicidad de firmas extranjeras posee la titularidad de las tenencias litíferas importantes con la posibilidad de especular en el circuito financiero. Si extraen el litio pagan regalías a las provincias por un porcentaje que ronda el 1,5 por ciento y un impuesto a las ganancias nacional -calculado sobre la base de sus propias declaraciones juradas sobre precio y cantidad- que posee tantas exenciones, deducciones y facilidades impositivas que los tributos se terminan licuando.
A su vez, no están obligadas a agregar valor siquiera en química primaria (pueden exportar cloruro de litio o carbonato de litio grado técnico -pureza menor de 99,5 por ciento- , no se exige que fuera grado batería, ni hidróxido de litio, ni butil-litio, ni litio metálico). Paralelamente, no poseen la obligación de utilizar una técnica de extracción realmente sustentable, ni de vincularse al sistema científico local, ni existen controles ambientales: las mismas firmas contratan a una consultora para hacer los informes, que hasta ahora nunca presentaron problemas sustanciales.
Aún más, desde 2022 a la actualidad las dos empresas en operación -que ahora se fusionaron con una facilidad asombrosa- subfacturaron, una vendiéndose a sí misma a un 10 por ciento del precio estándar del litio en el mercado internacional. Es tan escandaloso lo que sucede, que los gobernadores de la mesa del litio están prestos a armar una ley que eleve un poco las regalías provinciales, y cambie algo para que nada cambie y no se note tanto la corrupción y el oportunismo acomodaticio que campea en el gobierno nacional y los provinciales.
Para sostener esta rapacidad es que la constitución jujeña desconoce los derechos territoriales de comunidades que habitan allí hace más de 5000 años, incomparable frente a los 200 que podría argüir el estado nación. A la pregunta sobre si hay posibilidad para una política soberana, la movilización viene a sostener que no la hay en estas condiciones. En Jujuy pelean por lo que debería pelear todo el país, por eso es un acto político, posiblemente la primera guerra de liberación nacional, anticolonial, del siglo XXI.
Esta movilización viene a subrayar la vacuidad de una asamblea constituyente que realiza como un trámite express lo que debería ser el acuerdo fundante de lo político y lo perimido de una política orientada a dilemas palaciegos sin proyecto, porque fue aprobada por peronistas y radicales.
No es una casualidad que esta movilización haya provenido del área andina, que es la más activa e interesante políticamente de las últimas tres décadas en la región. Son las comunidades originarias y el pueblo jujeño en conjunto quienes se afirman, se enorgullecen y ponen el cuerpo frente al capital, mientras casi nadie lo hace. El área andina de Sudamérica alumbró un nuevo constitucionalismo latinoamericano, quizás sea también la hora de empezar a imaginar otra política, otra constitución nacional, plurinacional. La movilización también presenta una paradoja, Argentina vive los tiempos democráticos que no transitó de manera estable casi nunca en el siglo XX, y sin embargo la concentración económica, la desigualdad y el despojo no han dejado de crecer.
Fuente: Página 12
