Por Cecilia Anigstein y Melisa Argento
Una mirada sobre el negocio en torno a uno de los commodities estrella de la transición energética en una provincia que, luego de tres décadas de explotación minera sigue teniendo a casi la mitad de su población bajo la línea de pobreza. Las exportadoras acumulan ganancias, abundan la precarización laboral, el extractivismo, la contaminación, pero el derrame nunca llega.
Tras tres décadas de megaminería, según informa INDEC en su reporte del primer semestre de 2022, el 40.3% de la población de Catamarca se encuentra bajo la línea de pobreza. El empleo público y la economía popular son prácticamente las únicas opciones de inserción sociolaboral en la provincia. El empleo privado registrado, la promesa más reiterada del modelo minero, corre muy por detrás, a pesar de la prédica de escritorio de los economistas del ministerio del modelo primario exportador. Es más, en ninguna localidad de la provincia, ni siquiera en las decididamente mineras como Belén, Andalgalá o Antofagasta de la Sierra, el empleo minero supera el 20% del total de los puestos de trabajo formales, según informa la propia Secretaría de minería de Nación y el CEPXXI.
En total, los puestos de trabajo reconocidos que generan las empresas mineras en Catamarca no llegan a los 2 mil. El contraste con los cerca de 90 mil trabajadores/as del sector público y los más de 42 mil inscriptos/as voluntariamente en el registro de la economía popular (RENATEP, junio 2022) es tan notable que no merece ningún énfasis explicativo.
Pero seguimos hablando únicamente de números, suponiendo ingenuamente que los registros administrativos en los que se basan los conteos son un fiel reflejo de la realidad existente, como si no tuviésemos a la mitad de la economía del país sumergida en el océano revuelto de la informalidad y la evasión. Entonces, de tiempo en tiempo, el optimismo delirante que se irradia desde Buenos Aires, la visión “eldoradista”, esa ilusión de enriquecimiento súbito o mágico vía exportación de recursos estratégicos, como dice Maristella Svampa, se choca torpemente con el conflicto en los territorios y lugares de trabajo, y se desvanece.
Repasemos los números exorbitantes del litio, en el podio de los commodities estelares de la transición energética: en cifras conservadoras, el precio por tonelada es de U$D 45500 (Fastmarkets, 2022), pero de acuerdo con la Ministra de Minería de la Argentina el precio actual supera los U$D 70000. El impacto proyectado de este exitoso negocio en las cuentas públicas (ingreso por retenciones) es del magro orden de U$D 43 mil millones. La proyección es que el país llegue a exportar 250 mil toneladas de carbonato de litio para 2026; (al momento, la capacidad exportadora ronda las 40 mil toneladas) llegando a un valor de U$D 6.000 mil millones en exportaciones de litio.
El negocio es de las exportadoras
Ahora, analicemos el efecto derrame desde otro ángulo.
Esta es una crónica, de una serie interminable, que pone en evidencia que los enclaves extractivos bajo comando de capitales transnacionales, que cuentan con la cooperación subordinada de élites subnacionales y se favorecen de ventajas regulatorias extraordinarias, no promueven el desarrollo socioeconómico, ni generan empleos de calidad, ni aportan rentas sustantivas a las arcas públicas. Al contrario, los proyectos minero-extractivos en Argentina extienden la precarización laboral, dislocan las actividades económicas preexistentes, expropian, contaminan y agotan las fuentes de agua, la tierra y los bienes comunes de las que dependen las poblaciones para la vida, instalan violencias estructurales y exacerban las desigualdades sociales.
Los proyectos minero-extractivos en Argentina extienden la precarización laboral, dislocan las actividades económicas preexistentes, expropian, contaminan y agotan las fuentes de agua, la tierra y los bienes comunes de las que dependen las poblaciones para la vida, instalan violencias estructurales y exacerban las desigualdades sociales.
Precarización y discriminación sindical en Fiamalá
El martes 1 de noviembre de 2022, la policía minera clausuró la planta de procesamiento de la minera china LIEX ZIJIN que desde hace seis meses extrae litio del proyecto Tres Quebradas en Fiambalá. La población de esta localidad no recibió ninguna información por parte de la empresa y las autoridades locales. De boca en boca corrieron rumores que vinculaban la clausura con tres motivos: 1) denuncia por malas condiciones de trabajo en el yacimiento y despidos discriminatorios, 2) personas presentaron síntomas de intoxicación por consumo de agua contaminada, 3) tratamiento irregular de residuos peligrosos.
El miércoles 2 de noviembre, el delegado del sindicato SITRAIC, Víctor Guillermo Muñoz, que había presentado una denuncia ante el ministerio de trabajo de la provincia, recibió un telegrama de despido por WhatsApp de parte de la empresa LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A., subcontratista de la empresa minera LIEX ZIJIN. No caben dudas. Se trata de un despido antisindical y discriminatorio. El segundo por las mismas razones en apenas unos meses. Previamente, Víctor Guillermo Muñoz fue despedido por otra contratista de la minera Galaxy, un proyecto litífero ubicado en el Salar del Hombre Muerto. Allí, se venía desarrollando un incipiente proceso de organización gremial que culminó con un conflicto laboral. El saldo en ambos casos fue el mismo: desactivación inmediata del proceso de organización y desamparo total de los mineros despedidos.
El jueves 10 de noviembre, distintos medios informaron sobre el fallecimiento de un obrero de la mina de nacionalidad china, mientras era trasladado a Buenos Aires por un cuadro de gripe A que se complicó debido a las condiciones extremas de trabajo (Página 12, 24/10/2022). Además, medios locales dieron a conocer distintos testimonios de trabajadores o familiares de trabajadores que estaban sufriendo afecciones gastrointestinales y respiratorias, algunos de ellos internados en el hospital zonal Dr. Luis Agote.
Toda la comunidad apunta a las irregularidades de la empresa en materia de salud y seguridad en el trabajo, que incluyen ropa inadecuada en una actividad que se desarrolla a 4000 metros de altura y por lo tanto implica la exposición a temperaturas extremas, problemas con la provisión de alimentos y telecomunicaciones, entre otras, durante las estadías que los mineros permanecen en el yacimiento.
Pasemos en limpio esta información. El proyecto Tres Quebradas de Fiambalá no es un caso aislado, una desviación o exceso que mancha un modelo productivo transparente y sustentable. Estamos en condiciones de afirmar que no es un caso atípico. De hecho, como hemos denunciado en medio de la pandemia covid 19 y hacia julio de 2020, la minera Exar, responsable de un proyecto de exploración de litio en Olaroz y Cauchari en Jujuy, presentaba 192 trabajadores contagiados (el 20% del total de contagios en la provincia para ese momento).
El caso de Catamarca es un fiel reflejo de las relaciones laborales en el mundo minero-energético de Argentina: operan bajo un esquema de tercerización y subcontratación en una red de proveedores, en su mayoría constructoras capitalizadas con equipamiento de gran porte, a veces inmersas en una red opaca de proveedores del Estado en grandes obras de infraestructura: ejemplo Petroboni. Así, las grandes mineras bajan costos laborales y redistribuyen las responsabilidades en caso de crímenes o violaciones a los derechos laborales, ambientales o humanos.
Existen notables desigualdades entre las/os trabajadores/as que dependen directamente de las empresas que lideran los proyectos y aquellos que dependen de las subcontratistas. Las diferencias son claramente palpables en los salarios, organización de la jornada laboral (roster), condiciones de salud y seguridad (ropa de trabajo, elementos de seguridad personal, campamentos, descansos y refrigerios). Según testimonios locales, en Fiambalá la mayoría de los trabajadores hacen un roster de 14×14 (es decir, pasan 14 días en el yacimiento y otros 14 en sus hogares), con turnos de 12 horas rotativas. Pero también existen casos donde el esquema es de 22 días en la mina y tan solo 8 en sus hogares, con un salario de 100 mil pesos mensuales. Puntualmente, tomamos conocimiento del caso de un trabajador bajo este esquema que sufrió un desmayo mientras se encontraba trabajando. La respuesta de la empresa fue insólita. Sus familiares afirman que lo bajaron y dejaron en el hospital local, con un presunto diagnóstico de intoxicación alimentaria. Luego de esta experiencia, el trabajador decidió no subir nuevamente a la mina.
Existen notables desigualdades entre las/os trabajadores/as que dependen directamente de las empresas que lideran los proyectos y aquellos que dependen de las subcontratistas. Las diferencias son claramente palpables en los salarios, organización de la jornada laboral (roster), condiciones de salud y seguridad.
También hay diferencias en materia de representación sindical. En los yacimientos mineros convive pacíficamente un ecosistema de sindicatos, entre los que se destacan AOMA y UOCRA, dado que son estas organizaciones quienes firman los convenios colectivos con las empresas en calidad de representantes de los/as trabajadores/as. Sin embargo, en el caso del proyecto Tres Quebradas, la ausencia de delegados de UOCRA en el yacimiento correspondiente a Petroboni fue la condición de posibilidad para la irrupción de un conflicto laboral. La administración remota de UOCRA facilitó el trabajo de afiliación a un sindicato de la construcción alternativo, SITRAIC. Sin embargo, el proceso de organización no logró consolidarse, porque la empresa respondió con celeridad despidiendo a los trabajadores afiliados a esta organización. Nuevamente, no se trata de un hecho aislado. Los despidos antisindicales son moneda corriente en la actividad minera, en particular en las subcontratistas, según el relato de Raúl Herrera que integra una agrupación de mineros despedidos de La Alumbrera, una red tan amplia como invisible que se extiende por toda la provincia y se conecta con las resistencias de las comunidades y las asambleas. También señala que las empresas no pagan indemnizaciones ni reconocen las enfermedades laborales.
En Salta, la firma Mansfield Minera S.A, propietaria de un proyecto extractivo de oro, despedía a más de 250 personas apenas se iniciaban las medidas de ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) en el país, en marzo de 2020. En el caso de la minería del litio, y también en medio de la pandemia de covid 19, la empresa Exar (conformada por Lithium Americas Corp., de capitales canadienses, y Ganfeng Lithium Co. LTD, de origen chino) enfrentó una denuncia presentada por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) por “explotación de sus trabajadores que deben vivir en condiciones infrahumanas” en las plantas de Olaroz y Cauchari, Jujuy (Infoydata). Por su parte, el consorcio Contreras – Mogetta – BBC que trabajaba para Minera del Altiplano S.A, de la multinacional Livent Corporation desvinculó a 300 trabajadores mineros que perdieron sus puestos de trabajo (ID, 31/03/2020). Las tareas que estaban realizando eran nada más y nada menos que el acueducto del río Los Patos, obra que viene siendo rechazada por las comunidades y poblaciones del territorio en la defensa de las fuentes de agua y de la vida.
Para decirlo simplemente, la minería de litio que destruye ecosistemas frágiles, pone en riesgo cuencas acuíferas, especies animales y vegetales, desplaza poblaciones y/o fuerza la desaparición de las formas de vida y actividades productivas locales en lo que constituye el riesgo del Ecocidio, y lo hace en aras de la promesa de trabajo. Pero, el trabajo es poco y está mal pago, aseguran los habitantes de la zona, y en condiciones tan precarias como extremas. Por ningún lado da esta ecuación del saqueo.
La resistencia por el agua en el Salar del Hombre Muerto
Catamarca presenta una larga historia en lo que refiere a la minería del litio en relación con Salta y Jujuy, que tienen unos diez años de avance extractivista de litio, y más aún de todas las provincias que se hallan bajo la mira del capital interesado en el “mineral estrella”, San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba y ahora también la Patagonia. En el salar de Hombre Muerto, la minería de litio lleva más de 25 años en manos de Livent, aunque expresa, al igual que las otras provincias de la Puna, el mismo exacerbado crecimiento de proyectos en el último tiempo. Existen más de 20 proyectos en la provincia.
En Antofagasta de la Sierra, las poblaciones y comunidades vienen denunciando el avasallamiento de los derechos indígenas campesinos, el siempre eterno incumplimiento de la Consulta Previa Libre e Informada, el desplazamiento de habitantes del salar debido a la construcción de obras como el gasoducto proveniente de Güemes (Salta) o, la construcción del acueducto u otras obras necesarias para las plantas extractivas. En el caso de la comunidad Atacameños del Altiplano, han elevado acciones legales, sostenido cortes selectivos de ruta con entrega de información a los habitantes, han presentado un recurso de Amparo ante la Defensoría Pública Oficial Federal de Primera Instancia de Catamarca (agosto de 2021), entre un conjunto de acciones en donde denuncian de manera insistente el agotamiento de la vega del río Trapiche (reconocida incluso por la empresa en sus propios EIA). Por este motivo se busca proveer ahora a la actividad extractiva de todos los proyectos litíferos de esa región del agua que proviene del río Los Patos.
En otras localidades, como Fiambalá y Ancasti, también se organizaron diversas acciones en rechazo al avance de la minería del litio. En el primer caso, desde 2016 se empezó a organizar la asamblea Fiambalá Despierta, en el segundo, la Asamblea Ancasti por la Vida. Son algunos de los actores colectivos que han sostenido junto con movimientos, asambleas socioambientales, la Unión de pueblos Diaguitas y sectores autoconvocadxs las acciones de resistencia durante todos estos años. Las poblaciones denuncian la insustentabilidad de la minería de litio, que es una minería de agua. Nuevamente, esta situación no es privativa de Catamarca, de hecho, se inscribe en la articulación con los territorios de Salta y Jujuy, en donde la Mesa de las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc lleva más de diez años resistiendo el avance político corporativo del extractivismo de litio en esta cuenca. La admirable organización de todas estas comunidades en medio de la puna, ha asistido recientemente a un durísimo golpe de parte del Estado provincial del gobierno de Morales. Entre noviembre y lo que va de diciembre de 2022, desoyendo el rechazo de los y las habitantes y la exigencia de las comunidades por que se implemente la Consulta Previa Libre e Informada, la empresa provincial JEMSE, licitó once mil hectáreas pertenecientes a siete propiedades mineras que eran de dominio provincial, y pasan ahora a manos de privados. El pliego para acceder a la información de esta licitación costó nada más y nada menos que 55 mil dólares, criterio privativo y discriminatorio de los derechos fundamentales al acceso a la información y transparencia. Inmediatamente las 33 comunidades presentaron demandas legales, que por supuesto hasta el momento han sido negadas.
La técnica de extracción y evaporación desde las salmueras de los salares (que no es de ninguna manera la única posible, sino tan solo más barata y contaminante) utiliza enormes cantidades de agua salobre y dulce para su obtención, depositados en enorme piletones construidos en el medio del salar, por donde el mineral va transitando hasta obtenerse el grado de pureza requerido por la industria de baterías ion litio.
Fuga de divisas y economía del pillaje
En el corazón de la reconversión de la industria automotriz y autopartista hacia la movilidad eléctrica se produce una diputa geopolítica por el liderazgo y el control de los principales eslabones de la cadena global: la producción de baterías de Ion litio, sector clave donde China es el principal jugador y, aguas arriba, la extracción de cobre, cobalto y, particularmente, litio, donde Suramérica (con foco en el triángulo del litio, pero no únicamente) se posiciona como principal abastecedora de una demanda cuya acelerada expansión disparó el precio de estos minerales, recrudeció la competencia corporativa y de las principales potencias por el control de los recursos. Según datos de IEA (2021), se estima que un vehículo eléctrico típico requiere seis veces más minerales que uno convencional. La fabricación de un vehículo eléctrico demanda 8.9 kilogramos de litio (los vehículos convencionales no utilizan este mineral para su fabricación).
De este lado, se vislumbran estrategias defensivas que buscan contrarrestar la presión del capital transnacional y la injerencia de las principales potencias en los países. Bolivia es el caso más emblemático. El litio es considerado un recurso estratégico y el Estado controla la totalidad de los salares (Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes). En Chile, las empresas privadas que extraen litio tributan al Estado el 40% del precio de venta y están obligadas a transferir 50 millones de dólares por año para investigación y compensación a comunidades afectadas. Además, el 25% del litio extraído debe colocarse en el mercado local a precio preferencial. Inclusive en México, en vistas del descubrimiento de importantes reservas, el gobierno de Andrés López Obrador lo declaró recurso estratégico, frenó el otorgamiento de concesiones a privados y creó una empresa pública nacional.
En Bolivia el litio es considerado un recurso estratégico y el Estado controla la totalidad de los salares (Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes). En Chile, las empresas privadas que extraen litio tributan al Estado el 40% del precio de venta y están obligadas a transferir 50 millones de dólares por año para investigación y compensación a comunidades afectadas.
Pero Argentina camina a contramano de estas iniciativas. Es el país con menor control y apropiación pública de la renta minera asociada a la explotación del litio. Conforme el Código Minero nacional, las empresas privadas nacionales o extranjeras pueden adquirir mediante concesiones provinciales a perpetuidad, y prácticamente sin condiciones, yacimientos públicos de litio. Cuentan asimismo con ventajas y beneficios extraordinarios, otorgados por la Ley de Inversiones Mineras sancionada en los años noventa: estabilidad fiscal por 30 años y régimen de regalías provinciales con un techo del 3% del valor bocamina declarado por las mismas empresas, junto a una serie de exenciones impositivas que hacen de la extracción de litio en Argentina un negocio de bajísimo riesgo y altísima rentabilidad.
A pesar de y debido a esta normativa permisiva e híper ventajosa para el capital minero transnacional, la Dirección General de Aduanas denunció por subfacturación a la empresa norteamericana Livent, que extrae litio del Salar de Hombre Muerto en Catamarca desde 1997. Livent burló los controles públicos para disminuir aún más los tributos al Estado provincial en calidad de regalías. Solo entre 2018 y 2019 registró más de 400 ventas con precios de hasta un 121% por debajo de las demás compañías exportadoras de litio del mundo. Y hace 25 años que está operando en el país.
En definitiva, el escenario actual en Argentina combina la persistencia de un marco normativo neoliberal ampliamente beneficioso para el capital transnacional, que junto con el esquema de provincialización implantando por la reforma constitucional de 1994 opera como una barrera para el control soberano por parte del Estado.
La minería del litio no es actualmente una fuente relevante de renta para el Estado argentino, que mantiene una relación de subordinación con los principales jugadores privados del sector. Y se alude al Estado en sus distintos niveles, habida cuenta del carácter notoriamente asimétrico entre gobiernos municipales / provinciales y grandes corporaciones mineras. Se traduce en fragmentación y debilidad, terreno fértil para la impunidad corporativa que cuenta con la colaboración de las élites económicas provinciales que controlan los resortes institucionales.
El escenario actual en Argentina combina la persistencia de un marco normativo neoliberal ampliamente beneficioso para el capital transnacional, que junto con el esquema de provincialización implantando por la reforma constitucional de 1994 opera como una barrera para el control soberano por parte del Estado.
El que lucha, se queda abajo
En minería la estabilidad del empleo es una ficción, pura propaganda. Se sabe que cuando no te permiten subir al inicio de cada roster con el transporte de la empresa al yacimiento, estás despedido. Subir es sinónimo de continuidad laboral, quedarse abajo, se parece más al desempleo que al descanso. Por eso las redes de resistencia y solidaridad se cosen por fuera de los lugares de trabajo. Una especie de diáspora subnacional que por momentos se parece a un gremio sin papeles, una red de ayuda mutua ignorada por los sindicatos con lapicera, que le dan la espalda.
La extracción del litio y la megaminería en general, en tanto economía de enclave transnacional, capital intensiva y desregulada, tiene una capacidad muy limitada para generar nuevos empleos y para dinamizar las economías regionales. La tercerización y subcontratación descontrolada, combinada con la negociación colectiva por empresa, facilitan el fraude y la precarización laboral. En las provincias mineras se agudiza la desigualdad y el deterioro de los mercados de trabajo. Los beneficios de la minería alcanzan solo a unos pocos. Como consecuencia, se observa también un sistemático desconocimiento de los derechos de las comunidades y poblaciones locales, que no cuentan con canales genuinos de participación democrática. Con bastante frecuencia, ante la irrupción de protestas por el agua y en defensa de los territorios, son perseguidos y reprimidos por las autoridades y fuerzas de seguridad.
En esas movilizaciones, pero también en la creciente (aunque incipiente) conflictividad laboral de base híper atomizada, por fuera de las representaciones sindicales establecidas y de manera sistemáticamente acallada, se traban solidaridades silenciosas entre quienes resisten desde los lugares de trabajo y quienes lo hacen desde los territorios. Víctor Guillermo Muñoz y sus compañeros se unieron a un cacique y algunos habitantes que reclamaban trabajo para concretar un brevísimo bloqueo a la contratista Contreras Moguetta en el proyecto Sal de vida de Antofagasta de la Sierra. Meses más tarde, cuando fue despedido por la contratista Petroboni en el proyecto 3 Quebradas de Fiambalá, se solidarizaron con su situación los trabajadores despedidos de la Alumbrera, la UTEP Catamarca, referentes de las comunidades e integrantes de las asambleas socioambientales. Es cierto que no fue suficiente. Las mineras pisan fuerte y de manera despiadada conforme su negocio se vuelve cada vez más jugoso. Su condición actual es la de un jefe de hogar desempleado en una localidad del interior de la provincia. Sabe que no logrará reinsertarse en la actividad minera de Catamarca y no tiene medios económicos para asumir los costos implica una pelea legal individual.
Fuente: Contrahegemonía
